Sobre el déficit público español de 2011

El objetivo de déficit público para el año 2011 era del 6% del PIB en el conjunto de las administraciones públicas y se dividiría de la siguiente manera: 4,8% Administración Central, 1,3% CCAA, 0,3% corporaciones locales y un superávit del 0,4% en la Seguridad Social.

Sin embargo, acabado el año, todas las administraciones incumplirán el objetivo de déficit marcado por el Gobierno central, incluida la Seguridad Social. El ministro Montoro recibió el 28 de diciembre de 2011 un informe del día anterior, elaborado por la Intervención General del Estado, en que se dice que la previsión de déficit público en 2011 es de 8,2% del PIB. El de la Administración Central será de 5,1; el de las CCAA, 2,69; el de los Ayuntamientos, 0,34 y el de la SS, 0,02%.

Todas las autonomías españolas menos una incumplirán en 2011. Si se cumplieran los cálculos, de los 2,2 puntos de desviación en el objetivo de déficit, un 1,39% sería culpa de las autonomías. Dos tercios del incumplimiento sería achacable a los gobiernos regionales.

Sólo La Rioja baja de la cifra mágica y se queda en el 1; la Comunidad de Madrid también tiene alguna opción de cumplir con el objetivo oficial (1,3). Entre el resto, destaca la pésima situación de cuatro autonomías gobernadas por el PP. Dos de ellas, Baleares y Castilla-la Mancha tienen la excusa de que sus gobiernos regionales se encontraron con muchas sorpresas cuando sucedieron a los anteriores ejecutivos socialistas. Además, han emprendido ambiciosos programas de recorte del gasto, aunque aún no se reflejen en las cuentas públicas. Sin embargo, las otras dos, Valencia y Murcia, no pueden echarle la culpa a nadie más que a su propio despilfarro. Ambas presentarán este año un déficit público superior al 4%: tres veces más del permitido.

En una reunión mantenida en enero, el Gobierno logró un compromiso de las comunidades autónomas en manos del Partido Popular en tres puntos muy concretos: el cumplimiento del límite del déficit público impuesto por Bruselas, una estabilidad presupuestaria basada en no gastar más de lo que se ingresa y un plan tijera que afecte principalmente a la maraña administrativa y al sector público. Los consejeros de autonomía del PP se comprometieron ante Cristóbal Montoro a cumplir con los objetivos de déficit que se les impusieran. Comunidades como Baleares, ya se han puesto decididamente en marcha. Ahora sólo queda por ver qué hacen las demás.








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