El empleo y el paro en 2023

España cerró 2023 con el tercer mejor dato de la serie histórica en creación de empleo, según la Encuesta de Población Activa. La ocupación aumentó en 783.000 personas, un dato sólo superado en 2005 (el año de la gran regularización de inmigrantes sin papeles) y en 2021, tras el final de los confinamientos del covid.

La tasa de paro se redujo en algo más de un punto a lo largo del año, bajando hasta el 11,8% de la población activa, el dato más bajo desde 2007, en pleno pico de la burbuja. El número de ocupados cerró el año por encima de los 21,2 millones de personas, el dato más alto en un cuarto trimestre de toda la serie histórica. Si se desestacionalizan los datos son ya 13 trimestres consecutivos de creación de empleo desde el final del gran confinamiento.

El sector privado fue responsable de algo más del 91% del empleo creado en el año, frente a menos del 9% del sector público, que va reduciendo su ritmo de contrataciones tras el gran refuerzo realizado durante la pandemia.

En cuanto al tipo de contrato de los nuevos ocupados, el 92% del empleo indefinido creado por el sector privado en 2023 fue ordinario, mientras que el 8% restante fueron fijos discontinuos. Por el contrario, el número de trabajadores temporales se redujo en casi 139.000 personas, reduciendo la tasa de temporalidad hasta el 13% por primera vez desde que existen registros modernos.

La mayor parte del empleo creado fue a tiempo completo. En concreto, se incorporaron algo más de 695.000 ocupados a jornada completa, un crecimiento del 3,9% anual, y otros 88.000 a jornada parcial, un aumento del 3,1%. La tasa de parcialidad acabó el año en el 13,5%, el dato más bajo en un cuarto trimestre desde el año 2016.

La creación de empleo está respaldada por un aumento de la actividad. Se trabajaron algo más de 651 millones de horas semanales a lo largo del trimestre, un 3,3% más que en el mismo trimestre del año anterior. De esta forma, se aceleró en casi un punto el ritmo de crecimiento interanual de las horas trabajadas.

Tres sectores tiraron especialmente del empleo a lo largo del año. El primero es el de servicios profesionales, científicos y técnicos, cuya ocupación aumentó en 165.000 personas. El segundo es el de actividades sanitarias y de servicios sociales, que no deja de crecer por el envejecimiento poblacional. Incorporó a 139.000 trabajadores. Y el tercero es el de la construcción, que se reanimó en 2023 y dio trabajo a 108.000 personas. La hostelería y el comercio también aumentaron su ocupación, en 81.000 y 75.000 personas respectivamente, pero su ritmo se ha ido moderando a medida que el turismo ha vuelto a la normalidad previa a la pandemia.

Pero no todos los sectores están creando empleo. Los servicios de las Administraciones Públicas, Seguridad Social y Defensa perdieron a 20.000 trabajadores a lo largo del año; la logística despidió a algo más de 3.000 ocupados y las empresas de gestión del agua, a 4.800 trabajadores.

El número de desempleados se redujo en 193.400 personas a lo largo del año, esto es, una cifra muy inferior al ritmo de creación de empleo. El motivo es que la población activa sigue creciendo con fuerza, principalmente por la inmigración. El número de activos aumentó en 590.000 personas, lo que permitió engrasar la creación de empleo, pero dificulta la caída del número de desempleados. La tasa de desempleo se redujo en algo más de un punto a lo largo del año, pasando del 12,9% a finales de 2022 al 11,8% del cierre de 2023.

El IPC en 2023

El IPC (Índice de Precios al Consumo) o inflación en España mide la evolución del conjunto de precios de los bienes y servicios que consume la población residente en viviendas familiares en España.

El IPC de 2023 se situó a final de diciembre en el 3,1% interanual, según los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Es una tasa aún por encima del nivel de equilibrio del 2% que el BCE considera necesario para empezar a rebajar los tipos de interés del dinero, pero muy alejada del pico del 10,8% que llegó a alcanzar a mediados de 2022 en plena crecida de los precios de la energía.

La bajada del IPC se explica sobre todo por el desplome de los precios de la electricidad, que en 2022 experimentaron un incremento medio del 31% en el año y en 2023 registraron una caída del 27%. También hay que ver el levemente menor encarecimiento del precio de los alimentos, que en 2023 se encarecieron de media un 11,6% respecto al 11,9% del ejercicio precedente.

Desde marzo de 2021, cuando puede datarse el inicio del episodio inflacionista más grave registrado en 40 años, los precios se han encarecido un 15,7% de media. Sin embargo, el de los alimentos que se han encarecido un 29% en este periodo de poco más de dos años. Entre enero de 2021 y diciembre pasado, el precio se ha disparado un 165,5%. De media en 2022 subió un 44%. Durante 2023 el aceite de oliva ha disparado su precio un 44%. La gasolina ha cerrado el año con un encarecimiento del 10%.

La parte más estable de los precios, identificada por el IPC subyacente, también se ha moderado, hasta el 3,8%, frente a la de 2022, que fue del 8,4%. España transita con niveles de IPC superiores a los de la media del euro, donde la inflación de 2023 está en el 2,9%, según la primera estimación de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea.

PIB de 2022

La economía española creció en 2022 un 5,5%, lo mismo que en 2021, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con este crecimiento la economía española encadenó su segundo crecimiento anual consecutivo después del avance del 5,5% que registró en 2021 y que supuso el retorno a tasas positivas tras el descenso histórico del PIB del 11,3% provocado por la irrupción del coronavirus.

A precios corrientes, el PIB de 2022 se situó en 1.327.108 millones de euros, un 10% más que en 2021. En 2021 la cifra del PIB fue de 1.206.842 millones de euros.

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Inflación, inflación

Los 3 máximos históricos del IPC en los últimos 37 años, han sido cuando gobernaban:

en 1992, Felipe González: 6,9%

en 2008, Rodríguez Zapatero 5,3%

en 2022, Pedro Sánchez 9,8%

Pensiones de autónomos

Los autónomos suelen tener pensiones más bajas que los trabajadores por cuenta ajena. El principal motivo suele ser la base de cotización elegida y la falta de información.

El Régimen Especial de Trabajadores Autónomo (RETA) cuenta con 1.965.457 pensionistas. En junio de 2020, la pensión más común entre los trabajadores autónomos es de 650 a 700 euros, ya que un total de 308.309 autónomos reciben esta cantidad mensualmente. De 1.305.678 autónomos jubilados, 13.578 cobran menos de 150 euros mensuales; 1.767 cobran más de 2.683 euros y la jubilación que recibe un mayor número de autónomos (250.659 personas) oscila entre los 600 y 650 euros, seguida de los 800 a 850 euros que recibieron 182.099 autónomos.

La pensión media de los autónomos era, a 31 de julio de 2019, de 686 euros, un 37% más baja que la pensión media del régimen general (1.091,52 euros), según recogía la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) en un informe el año pasado. Por su parte, los jubilados autónomos cobran de media una pensión mensual de 761,68 euros, mientras que los jubilados del régimen general reciben 1.284,38 euros, lo que supone una diferencia de 522,7 euros.

La mejor forma que tiene una autónomo de aumentar su pensión de jubilación es subir la base de cotización del RETA conforme se va acercando la edad de jubilación. El 86% de los autónomos cotizaba por la base mínima en 2019, que se encuentra en los 944,40 euros al mes. Este elevado porcentaje conlleva que la mayoría de los autónomos cobren pensiones bajas, lo cual les deja con una jubilación que, en buena parte de los casos, no se ajusta a su nivel de vida previo a la jubilación.

Hay posibilidad de cambiar la base de cotización durante distintas temporadas del año. Las bases se pueden cambiar hasta cuatro veces al año. Esto permite aumentar la cotización en la temporada estival, para pequeños negocios como la hostelería y la restauración, o de mayo a agosto, para un floristería que se encuentra en plena temporada de bodas, bautizos y comuniones.

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Las cuentas de Inditex en 2018

Según Podemos Amancio Ortega e Inditex han dejado de contribuir a las arcas públicas con 600 millones en impuestos en tres años (unos 200 por año, según la acusación), mientras que en 2015 la Fundación Amancio Ortega prometió 310 millones a entregar en los siete siguientes años (es decir, unos 44 millones al año) para los servicios de oncología de España. Según un informe de 2016 presentado al Parlamento Europeo por Los Verdes entre 2011 y 2014 Inditex se había ahorrado 585 millones de euros de impuestos en distintas fiscalidades europeas gracias a la ingeniería fiscal en sus filiales en Holanda, Irlanda y Suiza. De esos 585 millones sólo 218 de ellos correspondían a la “evasión” fiscal española.

Inditex respondió en su momento que el cálculo de Los Verdes era tendencioso, ya que en España no se pagan los derechos de propiedad intelectual (los royalties) de forma directa. La empresa también recordaba que pagaba todos sus impuestos religiosamente en cada jurisdicción.

Según su memoria económica de 2018, Inditex generó el año pasado 26.145 millones de euros en ventas en todo el mundo, y de esas ventas 4.557 millones se generaron en España. Antes de impuestos y en todo el mundo, Inditex generó 4.428 millones de beneficios y obtuvo un beneficio neto de 3.448 millones. Es decir, Inditex ha pagado en impuesto de sociedades 980 millones de euros en 2018 entre todas las fiscalidades del mundo en las que tributa. De ellos, 360 millones de euros los ha pagado en España. Es decir, que si bien las ventas de Inditex en España suponen un sexto del volumen de negocio de la multinacional, la tributación en España le supone a Inditex más de un tercio de lo que aporta en impuesto de sociedades. Un hecho que podría motivar a la empresa a trasladar su sede a algún otro país con gravámenes fiscales más ventajosos, como Irlanda, donde habría pagado la mitad, unos 180 millones de euros. De hecho, la empresa de Inditex que gestiona todo el volumen de ventas online de la compañía se tralada ahora a Países Bajos.

Pero las cifras de antes contrastan con otras que hemos encontrado en prensa estos días. “Inditex pagó en impuestos 1.692 millones solo en 2018”, leemos, que es “más del 2% de lo recaudado en Sociedades en España”, dicen también. Para El Español, Inditex y Pontegadea Inversiones (la sociedad inmobiliaria con la que Amancio Ortega controla más de la mitad de las acciones de Inditex) han pagado “algo más de 11.200 millones de euros” en los últimos cinco años. Cuando los medios hablan de un pago de impuestos de Inditex de 1.692 millones (según ABC o Libre Mercado) o de 2.300 millones cada año (según El Español), se refieren a un cálculo en el que se suma el coste total de todos los demás aranceles, como son impuesto sobre propiedades inmobiliarias, el IRPF, las cotizaciones a la seguridad social o los impuestos medioambientales. Es como si, para calcular los impuestos que paga un ciudadano, se sumase su IRPF, su IBI, el impuesto local de basuras y hasta el IVA, en cuyo caso el español medio se deja aproximadamente el 50% de sus ingresos en impuestos cada año.

Inditex, la quinta empresa con mayor facturación de España, aporta con sus 360 millones el 1.5% del total de la recaudación del impuesto de sociedades en nuestro país. Esa recaudación está actualmente en los 23.143 millones de euros, y es la única partida que no ha remontado desde el inicio de la crisis en España: está en un 48% por debajo de los niveles de 2007, cuando recaudábamos 44.823 millones de euros. En un comunicado oficial de 2015, Inditex, que afirmaba que "cumple escrupulosamente con la normativa fiscal de los 93 mercados en los que está presente”, estimó que paga “entre el 22% y el 24%” de lo que genera en impuestos.

Ortega no es Inditex, pero es su mayor accionista, con un 59% del capital, y según cálculos de Forbes su patrimonio es de 56.000 millones de euros. Como accionista, sólo en 2018 ganó 1.629 millones del grupo textil. Desde 2013 Amancio Ortega se ha llevado unos dividendos personales de 8.020 millones de euros por sus acciones en Inditex, al tiempo que, según la web oficial de su Fundación, ha donado un total de 147 millones de euros hasta 2017, aunque en el arco de 2018 a 2022 se ha comprometido a ofrecer otros 360 millones. A ojo, unos 50 millones de euros al año en maquinaria.

Del total de todas sus obras benéficas, el que se lleva casi el total de sus ingresos es el famoso programa de oncología, por el que ofrece dinero para la renovación del equipamiento tecnológico de diagnóstico y tratamientos de radioterapia para los hospitales públicos de España. No es un ingreso directo, sino a posteriori: primero, cada comunidad autónoma compra la maquinaria que le interese y le encaje dentro de esa descripción mediante procesos de licitación pública y, una vez instalados, la fundación asume su coste y trasfiere a las autonomías como donación el dinero que estas han tenido que adelantar. Podemos ha criticado que ese dinero es "finalista" y “no vienen precedidas de un análisis que estudie dónde se distribuyen los recursos”. Sin embargo, son las comunidades autónomas las que compran la maquinaria dentro del marco que condiciona la fundación. Y demás Sanidad no ve demasiado comprometido su reparto de recursos, ya que el impacto de 50 millones de euros extra en maquinaria para una partida de 4.300 millones anuales no es demasiado alta.






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Evolución del paro

Como vemos, los dos gobiernos del PSOE (Felipe Gonzáles y José Luis Rodríguez Zapatero) cogieron el país con una tasa de paro muy inferior a la que había cuando dejaron el Palacio de la Moncloa. Del mismo modo, José María Aznar y Mariano Rajoy hicieron lo contrario: el nivel de desempleo era mucho más bajo al terminar su mandato de lo que era al inicio.



De hecho, desde un punto de vista estadístico no político, las cifras podrían ser todavía peores para el PSOE y mejores para el PP. Cuando un presidente del Gobierno llega al poder su capacidad para cambiar el rumbo de la economía de su país es limitada. Incluso hay una cuestión de tiempos: entre la investidura, nombramiento de los ministros, aprobación del primer presupuesto, debate en el Congreso de sus primeras iniciativas legislativas… en todo ese proceso pasan unas semanas-meses. Ni el mejor presidente de Gobierno del mundo es capaz de detener un mercado laboral que se desploma ni el peor de hundir una economía que genera medio millón de empleos. En este sentido, cabría preguntarse si no sería más justo que los indicadores económicos de cada presidencia comenzaran tres-seis-nueve meses después del inicio del mandato (y, del mismo modo para los indicadores que marcan la salida del líder de turno). Así, por ejemplo, Mariano Rajoy comenzaría a ser responsable (si se puede usar este término) del paro a partir de la EPA del segundo trimestre de 2012 y su ejecutoria se mediría comparando esa cifra con la del tercer o cuarto trimestre de 2018 (en este artículo hablamos de paro, pero podríamos hacer la misma comparativa con el PIB o cualquier otro indicador).



Esto último (qué momento elegir para evaluar a cada Gobierno) es más discutible, aunque parece poco preciso empezar a contar el día 1 tras la investidura. En sus discursos, normalmente los políticos lo que hacen es alargar lo más posible el recurso a la herencia recibida cuando las cosas van mal (te puedes tirar dos años culpando de todo a los que estaban antes) y arrogándose cada nuevo empleo creado desde el primer día de su mandato cuando las cosas van bien (aunque todo el mundo sabe que eso es exagerado). También es cierto que esto sí que entra dentro del juego político normal de unas elecciones, esas pequeñas tretas y trucos que todos usan para quedar mejor ante el electorado.






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El paro al finalizar la etapa de Rajoy

Al acabar la etapa del Gobierno Rajoy se ha producido una creación récord de empleo, antes de que tome posesión el nuevo gobierno de Sánchez. El Ministerio de Empleo ha informado el 4 de junio de 2018 que el número de parados registrados en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo ha caído, durante el mes de mayo, en 83.738 personas, hasta registrarse un número total de 3.252.130 parados, el más bajo desde diciembre de 2008. Desde febrero de 2013 el paro se ha reducido en 1.788.092 personas. Este mes de mayo la Seguridad Social ha cerrado con 18,9 millones de afiliados (el Gobierno Rajoy tenía el objetivo de alcanzar los 20 millones de ocupados al final de la legislatura, dentro de dos años).



Respecto a mayo de 2017 el paro se ha reducido 208.998 personas, lo que sitúa su nivel de reducción interanual en el 6,04%. Por sectores económicos, el paro registrado se ha reducido, sobre todo, en los Servicios. La contratación indefinida ha crecido un 19,6% en tasa interanual, con lo que se encadenan así ya 52 meses consecutivos de aumentos en la contratación indefinida.





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El PIB de 2017

La economía española registó en 2017 un crecimiento del 3,1%, tasa de crecimiento coincidente con la publicadas en la estimación avance del PIB el día 30 de enero, ha confirmado el Instituto Nacional de Estadística (INE). Los dos grandes motores del crecimiento en 2017 fueron el consumo y la inversión. Ha habido una mayor aportación de la demanda nacional y una menor contribución de la demanda externa. Son dos décimas menos que en 2016. Así, España acumula tres ejercicios creciendo por encima del 3%. La secretaria de Estado de Economía, Irene Garrido, ha asegurado que el crecimiento interanual evidencia el dinamismo y la robustez de la economía española.

Como resultado de la agregación de las estimaciones correspondientes a los cuatro trimestres del año 2017, el
PIB a precios corrientes se sitúa en 1.163.662 millones de euros, lo que supone una variación en términos nominales del 4,0% y, en términos de volumen, del 3,1% respecto al año 2016.

En términos anuales, el empleo aumenta a un ritmo del 2,9%, lo que supone un incremento de aproximadamente 506 mil puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo en un año. Este comportamiento, junto con la variación experimentada por la jornada media asociada, da como resultado un crecimiento de una décima en la tasa anual de las horas efectivamente trabajadas (del 1,8% al 1,9%).

En lo que respecta a las rentas, la remuneración de los asalariados creció el 3,3%.

El PIB de 2017 creció un 3'1%

La economía española creció un 3,1% en 2017, dos décimas menos que en 2016, según el avance de datos de la Contabilidad Nacional Trimestral publicado el 30 de enero por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El PIB encadena así cuatro años al alza y tres años consecutivos creciendo por encima del 3%. En 2016, el PIB aumentó un 3,3%; en 2015, un 3,4%, y en 2014, un 1,4%. En todo caso, suma 17 trimestres seguidos en positivo.

En el último informe trimestral de la economía española del Banco de España, se establecía que la estabilidad del ritmo de crecimiento había sido consecuencia de «dos fuerzas que operan en sentidos opuestos». «El fortalecimiento de los mercados de exportación habría contrarrestado los efectos adversos derivados del aumento de la incertidumbre por la situación política en Cataluña, que se habrían concentrado especialmente en esa comunidad autónoma», exponía la entidad central. Estos efectos adversos se habrían dejado notar en los indicadores de gasto privado interno y de turismo extranjero, «lo que podría llevar a esta comunidad autónoma a registrar un ritmo de avance de la actividad inferior, en el tramo final del año, al del conjunto de la economía española». Esto, subrayan, contrastaría con el mayor dinamismo de la economía catalana en trimestres precedentes.

A medio plazo, el Banco de España espera una continuación de la fase expansiva, favorecida por los avances observados en el proceso de reconducción de los desequilibrios de la economía, si bien se prevé que el crecimiento del PIB pierda cierta intensidad en los próximos años. En concreto, calcula un avance del PIB del 2,4% en 2018 y del 2,1% tanto en 2019 como en 2020.

Bajada del paro en 2017

España se encamina poco a poco a alcanzar los niveles de paro previos a la crisis. El número de desempleados bajó en 471.100 personas en 2017, hasta una tasa del 16,55%, que no se registraba en España desde 2008. Según la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INEA), en España se crearon 490.300 empleos en 2017, con un total de 18.998.400 afiliados y un crecimiento anual del 2,65% que encadena ya cuatro años seguidos de creación de puestos de trabajo.

Pese a los buenos datos de cierre del año, en el cuarto trimeste de 2017, el número de desempleados subió en 34.900 personas con un porcentaje de desempleo 16 centésimas mayor que en el trimestre anterior. Sin embargo, en el conjunto del año, esta tasa ha descendido en 2,09 puntos.

Durante 2017, el paro disminuyó en todos los sectores, empezando por los servicios (64.200 desempleados menos), la construcción (23.600) y la agricultura (18.600), mientras que la industria se mantuvo casi plana (200 más). No obstante, el principal descenso del desempleo se dio entre los parados de larga duración (334.400), al tiempo que también se redujo el de aquellos que buscaban su primera oportunidad laboral (30.500).

En función del sexo, el descenso del paro fue mayor entre los hombres (274.400 menos) que entre las mujeres (196.700 menos), lo que dejó un mayor número de féminas desempleadas (126.000 más), acorde con su mayor tasa de paro (18,35%), casi cuatro puntos superior a la masculina.

El paro entre los jóvenes de 16 a 24 años bajó en 55.700 personas en el último trimestre, lo que deja la cifra total de parados en esta franja de edad en 558.200 frente a los 613.900 de finales de 2016. Así, la tasa de desempleados hasta 25 años terminó el año en el 37,46%, lo que supone un ligero ascenso frente al tercer trimestre, cuando se quedó en el 35,97%, pero cinco puntos menos que al finalizar 2016 cuando era del 42,92%.

En cuanto a la ocupación, el empleo aumentó durante 2017 en todos los sectores, pero principalmente en los servicios (289.700 personas más), seguido por la industria (132.200), la construcción (64.300) y la agricultura (4.000). El número de autónomos disminuyó en 45.400 personas (hasta los 3 millones), debido a la desaparición de casi 100.000 empleados sin asalariados o trabajadores independientes, ya que los empleadores aumentaron en 62.800.

Además, el número de asalariados se incrementó en 537.100 personas, sobre todo con contrato indefinido (357.900 más) y, en menor medida, por los temporales (179.200 más), lo que dejó la tasa de temporalidad al 26,71%

La ocupación en el sector público aumentó en 12.700 personas en el último trimestre del año, mientras que en el sector privado se redujo en 63.500. En el último año, el empleo se incrementó en 401.600 personas en el sector privado y en 88.600 en el público.

El número de ocupados aumentó en mayor medida que se recortó el de desempleados debido a que la población activa (ciudadanos que trabajan o buscan empleo) aumentó en 19.100 personas durante 2017, hasta alcanzar los 22.765.000 españoles. Así, la tasa de actividad bajó hasta el 58,8 %, la más baja desde 2005.

En términos relativos, las comunidades con mayor aumento trimestral del empleo son La Rioja (2,06%), Canarias (1,95%) y País Vasco (1,19%). Y, por el contrario, los mayores descensos se observaron en Islas Baleares (-11,18%), Principado de Asturias (2,39%) y Castilla y León (-2,12%).

En términos relativos, las comunidades con los mayores aumentos anuales del empleo son Canarias (5,51%), Andalucía (4,44%) y Castilla-La Mancha (3,76%). En cambio, Principado de Asturias (1,36%), Cantabria (-1,35%) y Castilla y León (-0,73%) aportan los mayores descensos. Las mayores bajadas del paro este trimestre se dan en Andalucía (-45.000 parados), Comunitat Valenciana (17.200) y País Vasco (-10.000). Los mayores incrementos se producen en Comunidad de Madrid (51.800 parados más), Castilla-La Mancha (15.500) e Islas Baleares (15.400).

En variación anual, el paro baja en casi todas las comunidades. Los mayores descensos se dan en Andalucía (-159.700), Cataluña (-79.200) y Comunitat Valenciana (-57.400). Comunidad Foral de Navarra (9,63%), País Vasco (10,57%) y Aragón (11,37%) registran las tasas de paro más bajas este trimestre. En el extremo opuesto, Extremadura (25,12%), Andalucía (24,43%) y Canarias (22,04%) presentan las más elevadas.

Navarra contabilizó la tasa de paro más baja (9,63%) y Extremadura, la más alta (25,12%).

En comparativa anual, el número de hogares con al menos un activo en los que todos están en paro se ha reducido en 177.200, mientras que los que tienen a todos sus miembros ocupados ha crecido en 331.300.

El paro en 2017

El año 2017 cierra con el menor número de parados desde diciembre de 2008 y con el aumento más fuerte de ocupados desde diciembre de 2005. Se trata del quinto descenso anual consecutivo.

El paro se ha reducido en 2017 en 290.193 personas respecto a 2016, lo que deja el número total de parados en 3.412.781, la cifra más baja registrada a cierre de año desde 2008.

Por su parte, la afiliación a la Seguridad Social ha aumentado en 611.146 ocupados en el año, la cifra más alta desde 2005. Esto deja la cifra global en 18.460.201 de cotizantes ocupados.

El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) se situó al finalizar diciembre de 2017 en 3,41 millones de personas, tras bajar en 290.193 desempleados en el conjunto del año (-7,84%), su quinto descenso anual consecutivo, aunque por debajo del descenso registrado en 2015 y 2016, informó este miércoles el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

En concreto, el volumen total de parados alcanzó a cierre del pasado año la cifra de 3.412.781 desempleados y se sitúa en el nivel más bajo de los últimos ocho años en un mes de diciembre.

En concreto, el número de parados registrados bajó en diciembre en 61.500 personas en relación con el mes anterior. En los últimos ocho años el paro había aumentado de media en 40.922 personas.

La bajada del desempleo en 2017 es la quinta consecutiva tras la de 2013, 2014, 2015 y 2016, cuando el paro cayó en 147.000, 253.000 y 354.203 y 390.534 personas, y contrasta con las subidas experimentadas en el periodo 2007-2012. En 2012, 2011 y 2010, el paro aumentó en 426.364, 322.286 y 176.470 personas, respectivamente, mientras que en 2007, 2008 y 2009 las listas de las oficinas públicas de empleo sumaron 106.674, 999.416 y 794.640 parados más.

De esta forma, el rirmo de reducción anual del paro se ha situado en 2017 en el 7,84%. Desde los máximos registrados en febrero de 2013, el paro se ha reducido en 1.627.441 personas.

A esa cifra de 3,41 millones de desempleados con la que se cerró el año se ha llegado después de que el paro experimentara una caída de 61.500 desempleados en diciembre, un mes caracterizado por las contrataciones en la campaña de Navidad.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha destacado los buenos datos de paro y afiliación a la Seguridad Social registrados en el último año y ha asegurado que 2017 ha sido " el mejor año para el empleo de la serie histórica en términos homogéneos". En su perfil oficial de Twitter, la titular del Ministerio ha destacado que en el último año se han creado más de 610.000 empleos (611.146), un 13% más que los que se crearon a lo largo del ejercicio anterior.

Lotería e impuestos

Ya pasó el tiempo en que Hacienda no se llevaba nada por los premios de la Lotería de Navidad. La ley 16/2012 somete a tributación, con un gravamen especial del 20%, las remuneraciones de los sorteos celebrados a partir del 1 de enero del 2013.

Los premios de importe igual o inferior a 2.500 euros por décimo (no por persona) no tributarán. En cambio, los premios superiores a 2.500 euros sí tributan y deberán cobrarse en cualquier sucursal de las entidades financieras colaboradoras. La entidad pagadora le retendrá al jugador automáticamente el 20% perteneciente a Hacienda en el momento de efectuar el pago y lo liquidará a la Agencia Tributaria en nombre del ganador.

Estos premios no se tienen que incluir en el IRPF, por lo que no se pagará más en la declaración de la renta aunque se haya ganado una cantidad considerable; tampoco se tienen en cuenta para establecer los mínimos a la hora de solicitar ayudas públicas, como becas u otras prestaciones sociales. El agraciado únicamente deberá rendir cuentas a Hacienda en el caso de que invierta la totalidad o parte del premio y éste le genere algún tipo de rendimiento. Por ejemplo, si un jugador resulta afortunado el 22 de diciembre y este premio le aumenta tanto su patrimonio que supera los 700.000 euros, entonces sí deberá declararlo en el impuesto de patrimonio.

Si el agraciado no es residente en España, el boleto tributará un 20% pero no por vía de retención sino que el cobrador deberá rellenar un impreso en la misma entidad colaboradora.

Si al jugador le tocase el gordo de Navidad, que otorga un premio de 400.000 euros al décimo, los primeros 2.500 euros quedarían exentos de tributación. En el momento del cobro, la entidad financiera colaboradora le retendría un 20% sobre los 397.500 euros restantes, lo que suponen 79.500 euros de retención, y le pagaría el resto. Es decir, que el premio real que le toca a un jugador que gana el gordo tras descontar la parte perteneciente a Hacienda no son los 400.000 euros, sino 320.500 euros.

Por su parte, un jugador agraciado con el segundo premio recibiría 100.500 euros tras la retención de impuestos. Si fuese un tercer premio, 40.500 euros; un cuarto premio, 16.500 euros; y un quinto premio, 5.300 euros al décimo. En caso de ser agraciado con premios menores, como la pedrea o los reintegros, el importe del premio no tendría retención alguna puesto que no supera los 2.500 euros establecidos como máximo de exención.

En el caso de premios con titularidad compartida, pues son varios los agraciados, el importe exento de hasta 2.500 euros se reparte entre los premiados en función de la cuota que les corresponda y se aplica el 20% de retención al premio restante.

En principio, el único agraciado es aquella persona que cobra el premio, excepto si en ese momento se especifica claramente la identidad de todos los afortunados. Si el ganador decide cobrar él solo el premio y después repartirlo entre familia o amigos, lo que está haciendo es una donación, y entonces entra en juego el impuesto de sucesiones y donaciones. En este caso, el donatario, la persona que recibe la donación, es el encargado de declararlo en este impuesto, que sigue la normativa que rija en su comunidad autónoma de residencia.

Por tanto, si se ha decidido compartir un décimo, los aconsejable es que, al cobrar el premio a través del banco, se identifique a todas las personas que van a recibir alguna parte, de manera que la entidad pueda informar a Hacienda de todos los ganadores y se pueda evitar el pago del tributo de donaciones, que en algunas comunidades autónomas es de un importe considerable.

En el caso de que toque el premio a una empresa, asociación o cualquier otra forma jurídica de sociedad, su dinero se verá afectado por el impuesto de sociedades, por lo que se le retirará un porcentaje distinto en función del tipo impositivo que tenga esta entidad jurídica. Los contribuyentes del impuesto sobre sociedades que obtengan un premio sujeto al gravamen especial deberán incluir su cuantía en su base imponible de dicho impuesto, del cual se descontará la retención aplicada en el momento del cobro.





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Plusvalía tras herencia

El impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (plusvalía municipal) viene regulado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sin perjuicio de que los ayuntamientos tengan competencia para el desarrollo normativo de la misma.

El artículo 104 señala que dicho tributo grava el incremento de valor que experimenten los terrenos objeto de transmisión, y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce. No afecta a los terrenos calificados como rústicos a efectos del impuesto de bienes inmuebles (IBI).

Cuando se abre la sucesión por fallecimiento de una persona se produce una transmisión patrimonial a los herederos del causante. Aunque no sea una transmisión onerosa, la plusvalía municipal ha de ser abonada cuando el bien inmueble experimente un verdadero incremento de valor.

El artículo 109 determina que la fecha de devengo del tributo tendrá lugar cuando se transmita la propiedad del terreno por causa de fallecimiento. La declaración del impuesto debe presentarse en el plazo de seis meses a contar desde la fecha del devengo, esto es, desde la fecha del fallecimiento. Hay posibilidad de prorrogar hasta un año dicho pago a instancias del contribuyente.

El periodo previsto para presentar la correspondiente liquidación del impuesto puede prescribir. La prescripción se produce cuando transcurren cuatro años desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo para presentar la correspondiente liquidación, esto es, cuatro años y seis meses para el caso de fallecimiento. Es decir, si no se ha procedido a presentar la liquidación en el plazo de cuatro años y seis meses a contar desde el fallecimiento el deber de pago del impuesto se ve prescrito.






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Trámites en una herencia

Afrontar una sucesión hereditaria suele implicar tramitaciones administrativas en las que no solemos estar familiarizados. Vamos a ver seis pasos de trámites legales que hay seguir cuando uno se convierte en heredero.

Paso 1. Obtención de certificaciones

- Certificado de defunción. Lo puede solicitar cualquier persona acudiendo personalmente al Registro Civil donde esté inscrito el fallecimiento, existiendo varias modalidades (literal, extracto, ordinario o bilingüe, Internacional o plurilingüe o negativo). También es posible su solicitud por vía postal indicando la dirección de remite y un teléfono de contacto. En cuanto a la obtención por vía telemática (https://sede.mjusticia.gob.es), dependerá de la incorporación de cada Registro Civil al proceso de informatización.

- Certificado de últimas voluntades. Se puede pedir de forma presencial en el Ministerio de Justicia (Oficina central de atención al ciudadano o en las Gerencias territoriales), por correo dirigido al Registro General de Actos de Última Voluntad, o por internet (https://sede.mjusticia.gob.es)

- Certificado de seguros con coberturas de fallecimiento. Se puede solicitar por vía electrónica completando el formulario disponible en https://sede.mjusticia.gob.es. La solicitud no podrá presentarse hasta transcurridos quince días hábiles desde la fecha del fallecimiento. No obstante, si el óbito es anterior a abril de 2009 o se inscribió en un juzgado de paz, habrá que pedirlo de forma presencial o por correo, aportando el certificado literal de defunción.

Paso 2. Obtención de una copia autorizada del testamento

Una vez conocida la situación testamentaria del fallecido a través de los certificados descritos en el punto anterior, habrá que acudir a la notaría indicada en el de últimas voluntades y solicitar una copia autorizada o compulsada del testamento. Este trámite se puede realizar personalmente por el heredero o legatario o a través de un apoderado.

Existe la posibilidad de gestionar la solicitud vía correo postal, acompañándola de firma legitimada, certificado de defunción y de últimas voluntades.

Paso 3. Declaración de herederos

En el supuesto de que en el certificado de últimas voluntades se establezca que el fallecido no realizó testamento, será necesario acudir a una notaría (en los supuestos de que exista grado de parentesco) o al juzgado de primera instancia (si no hay vinculación familiar) para solicitar una declaración de herederos.

La declaración de herederos abintestato deberá realizarse en el lugar en que hubiera tenido el causante su último domicilio o residencia habitual, donde estuviera la mayor parte de su patrimonio, o en el lugar en que hubiera fallecido.

Será necesario igualmente contar con dos testigos para que el notario pueda levantar acta declarando la condición de heredero.

Paso 4. Inventario de bienes y deudas que componen la herencia

Esta etapa del proceso tiene como finalidad conocer los bienes que dejó el fallecido y la manera de repartirlos, para lo cual habrá que hacer un inventario en el que se establezcan los bienes que forman el patrimonio hereditario.

Respecto a los bienes inmuebles, su localización se puede llevar a cabo solicitando notas de bienes a nombre del fallecido en el registro de la propiedad. También se puede verificar la existencia de propiedades mediante certificaciones catastrales.

Para los saldos bancarios, el procedimiento a seguir no será otro que acudir a las distintas entidades bancarias donde tenía cuenta abierta el fallecido para que certifiquen el saldo existente al momento del fallecimiento.

La última declaración del IRPF del fallecido puede ser una buena fuente de información para saber en qué entidades hay abiertas cuentas, depósitos u otros productos financieros.

En cuanto a los vehículos, el lugar para obtener la certificación de titularidades vigentes será la jefatura provincial de tráfico del lugar del fallecimiento.

El ajuar doméstico o bienes muebles del fallecido se suele adjudicar al cónyuge viudo, sin tener en cuenta joyas ni objetos de valor extraordinario. No obstante, fiscalmente se valora en el 3% del valor total de la herencia, a menos que los interesados establezcan un valor inferior o acrediten su inexistencia o su inferior valor.

Paso 5. Documento de partición de herencia

También llamado cuaderno particional, en él se recoge la identificación de todos los interesados en la herencia, el inventario de bienes, así como las posibles deudas del fallecido y las adjudicaciones que se hacen a cada heredero o legatario.

Este documento debe ser firmado por todos los interesados ante notario si fuera necesario.

Paso 6. Liquidación de impuestos

Aunque el plazo para la liquidación del Impuesto sobre sucesiones y donaciones es de seis meses a contar desde la fecha del fallecimiento, durante los cinco primeros meses de dicho plazo se puede solicitar una prórroga por otros seis meses adicionales ante el órgano autonómico competente (Consejería de Hacienda), ya que se trata de un tributo estatal cedido. Además, existen diferencias, a veces bastante notables, en cuanto a las tarifas y los beneficios fiscales aplicables en función en función de la comunidad autónoma en la que se tribute.

Otra exacción fiscal que interviene en las sucesiones hereditarias, cuando existe transmisión de inmuebles, es el Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, también conocido como Plusvalía municipal. Este tributo se liquida en el ayuntamiento del lugar donde radique cada bien inmueble adjudicado en la herencia y la cuota depende de los años transcurridos desde la anterior transmisión de la propiedad y de las bonificaciones aplicables por cada municipio.






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¿Donación o herencia?

¿Dejar en herencia una vivienda para que las personas más cercanas puedan disfrutar de tu bien cuando ya no estés o ayudar a tus queridos mientras sigas vivo y donarla?. Decantarse por una u otra opción depende de muchos factores, entre ellos, la situación familiar o social en la que cada uno se encuentre. Uno de los elementos relevantes es la conveniencia económica de una de las dos opciones frente a la otra.

El planteamiento correcto es que solo debe donarse aquello de lo que puedes prescindir sin afectar a tu calidad de vida, excepto si tu hijo tiene una auténtica necesidad que, a través de la donación, pretendes colmar. Hay que ponderar los riesgos para la salud financiera. Pero, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de las donaciones y de las herencias? ¿Y qué obligaciones conllevan?

La donación obedece a un acuerdo voluntario entre la persona que cede la vivienda y el contrayente, sin mediar precio.

Algunas veces los donantes se reservan algún derecho sobre la vivienda a la que renuncian. En muchos casos se trata del usufructo, un pacto según el cual el usufructuario puede seguir disfrutando de la vivienda mientras viva, aunque ceda a otra persona la titularidad, en este caso llamada nuda propiedad. El nudo propietario podrá disponer plenamente del bien solo una vez haya fallecido el usufructuario.

Si no se acuerda algo distinto, el régimen general del usufructo prevé que los gastos por el disfrute de la vivienda, como luz, agua, gastos ordinarios de comunidad o IBI, le corresponden al usufructuario. Los gastos extraordinarios, por el contrario, serán del nudo propietario, con ciertas compensaciones, en determinados casos. Existen sin embargo algunas excepciones debido a las distintas regulaciones previstas en algunas Comunidades Autónomas.

En el caso de una donación, quien adquiere la vivienda deberá abonar no solo el Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU, la llamada plusvalía), sino también el Impuesto de donaciones. Solo algunas Comunidades Autónomas (Madrid, Castilla-La Mancha, Murcia, Canarias y Baleares) prevén bonificaciones de este tributo. Si un hijo de 30 años recibe de su padre 800.000 euros en efectivo, pagará por este impuesto 200 euros en Canarias, pero 208.000 euros en Andalucía, las regiones en las que el tributo resulta más económico y más caro, respectivamente.

Una donación tributa donde resida la persona a la que va destinada, pero en el caso de las donaciones de inmuebles, se pagará en función de donde estos bienes estén ubicados.

El donante también tendrá que echar cuentas con Hacienda y no podrá librarse del fisco por el mero hecho de haber cedido la vivienda sin contrapartida económica. Por el contrario, se verá obligado a integrar en la declaración de la renta la ganancia patrimonial derivada de la vivienda de la que se desprende, como si se tratara de una compraventa. Al no haber intercambio de dinero en una donación, este aspecto se olvida erróneamente, y luego sorprende.

La donación de una vivienda puede ser ventajosa por dos razones. Por la eventual bonificación en el impuesto sobre donaciones y porque quien la recibe se asegura en el acto la recepción de lo donado. Se evita así que la persona que dona pueda cambiar voluntad y reflejar este cambio en sus disposiciones testamentarias o que sencillamente venda la vivienda que podría donar.

El donante, por el contrario, tiene que ser consciente de que, al regalar la vivienda, la pierde, y que puede ocurrir que el donatario no la utilice según sus deseos. Si la donación se hace en favor de hijos menores, el régimen de disposición de los bienes, aunque estos sigan controlados por los padres, es distinto y puede requerir determinadas autorizaciones judiciales.

Por lo general, las herencias son menos gravosas que las donaciones. En la mayoría de Comunidades Autónomas la tributación en caso de transmisión mortis causa suele ser significativamente inferior que en caso de transmisión a través de donación en vida. No obstante, en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, existe una bonificación en la cuota marginal del 99% del impuesto sobre las donaciones de padres a hijos. Y si el bien donado es un inmueble con una antigüedad de más de 25 o 30 años el impacto del IRPF para el donante se reducirá drásticamente gracias a una serie de reducciones fiscales. Lo mismo ocurre en caso de donación de la vivienda habitual con reserva de usufructo para el donante.

Entre otras excepciones, solo ciertas donaciones de padres a hijos destinadas a la adquisición de una vivienda habitual pueden equiparar su fiscalidad al de su adquisición mediante herencia. Existen también relevantes reducciones fiscales aplicables en todo el Estado en caso de donación y herencia de acciones en empresas familiares.

A diferencia de lo que ocurre en una donación, junto con los bienes que se heredan se transmiten también las deudas. El hecho es que, en la mayor parte del territorio español, el heredero responde no solo con lo heredado sino también con lo propio por las deudas del fallecido, así que es muy importante calibrar el pasivo del difunto.

En este caso también, el heredero deberá abonar tanto el impuesto sobre la plusvalía como el de sucesiones. La cuantía de este tributo, una vez más, dependerá de la Comunidad Autónoma en la que residía el fallecido o aquella en la que haya permanecido más días durante los cinco años previos al fallecimiento. Si un soltero de 30 años hereda bienes de su padre por 800.000 euros, la Comunidad Autónoma en la que más tributará por la sucesión será Andalucía, con 164.000 euros. La región en la que menos abonará por este concepto, por el contrario, será Canarias, con 134 euros. No habrá ninguna consecuencia en el IRPF.

En resumen, en principio es más ventajoso heredar, pero ¿quién sabe cómo queda la legislación fiscal cuando una persona fallezca?.






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Los arrendamientos vacacionales tributan

El auge de las plataformas online de viviendas para turistas está poniendo de moda el alquiler vacacional de viviendas. Más allá de las normativas que cada Comunidad Autónoma establece para otorgar el permiso de arrendar su propia vivienda para estancias cortas (son muy dispares unas de otras), los caseros tienen que cumplir con la obligación de declarar en el IRPF las rentas derivadas de estos alquileres. Hacienda avisará, durante la campaña que termina el 30 de junio, a los que hayan arrendado su vivienda para que declaren estos ingresos.

Hay diferencias dentro del grupo de viviendas que se alquilan por temporadas. Están las que se alquilan sin más, por un lado, y, por otro, las que ofrecen también servicios hoteleros, las profesionalizadas. En el primer caso, la renta es consecuencia de la mera tenencia de un bien inmueble, por lo que se califica como rendimiento del capital inmobiliario. En el segundo caso el contribuyente realiza una actividad conómica; por ello, el tratamiento de viviendas en las que se proporcionan servicios complementarios al alquiler, tanto en el IRPF como en el IVA, será distinto. Esos servicios son: restaurante, limpieza del interior de la vivienda y servicio de lavado de ropa o el cambio de ésta semanalmente; no se consideran servicios hoteleros la limpieza y el cambio de ropa al final de la estancia de un turista, ni la asistencia técnica y mantenimiento de la vivienda o los electrodomésticos.

Los que alquilen un inmueble que se destina a vivienda vacacional no podrán aplicar la reducción del 60% del rendimiento neto del arrendamiento que sí se da cuando se trata de la vivienda habitual del inquilino. A la hora de hacer la declaración del IRPF, el contribuyente distinguirá entonces entre los días en los que su vivienda vacacional ha estado a su disposición, sin locatarios, y por los que se imputará una renta inmobiliaria, y la parte del año en que la casa se ha alquilado y ha generado unos ingresos.

Del rendimiento bruto, sin embargo, tendrá que descontar los gastos en los que se haya incurrido para obtenerlo; es donde los arrendadores de alojamientos por temporadas pueden salir ganando, porque hay bastantes gastos por esta actividad que son deducibles y que equilibran la balanza. Se trata de los intereses del préstamo contratado para adquirir o mejorar la vivienda alquilada, y de los gastos de reparación y conservación del inmueble; quedan excluidas la ampliación y la mejora. Será necesario prorratear estos costes solo por los días en los que la vivienda haya estado alquilada. El límite de la deducción es el rendimiento íntegro; la parte que excede este importe se podrá descontar en los cuatro ejercicios siguientes. La obligación de prorratear los gastos de reparación y conservación desaparece cuando el contribuyente incurre en ellos con la intención de arrendar el inmueble con posterioridad. Si se alquila la casa todo el año y en julio y agosto queda vacía para pintarla, cambiar las ventanas, o arreglar averías con el objetivo de adecuarla para arrendarla después, no hace falta prorratear estos gastos. Lo mismo sucederá en el caso, entre otros, de la sustitución de ventanas antiguas, parqué desgastado, aire acondicionado, del cambio de ascensor, de la reparación de un tejado o de escaleras, o de la rehabilitación de la fachada.

A estos descuentos se añadirán otros que no tienen límite, como el IBI, el Impuesto de Basuras, el seguro de hogar, la comunidad (por mensualidades), el asesoramiento fiscal, y los recibos de luz o agua que estén incluidos en el precio del alquiler. Y la amortización del inmueble, un 3% sobre el mayor importe entre el coste de adquisición de la vivienda y su valor catastral. Para deducir más habría que probar que el importe deducido se corresponde con la depreciación efectiva del inmueble. Normalmente la gente aplica el 3% automáticamente para evitarse líos y porque es un importe razonable.

Finalmente, para obtener el rendimiento neto de los ingresos brutos el contribuyente restará también los gastos de intermediación o inserción de un anuncio en portales online, deducibles, estos, en su totalidad.








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Gastos en Defensa

La presión de Estados Unidos para que los países europeos incrementen sus gastos de defensa es recurrente desde hace tiempo, bajo el pretexto de que ellos soportan más del 70% del presupuesto total de la OTAN. Una presión que, desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, se ha intensificado. El pasado 15 de febrero, su nuevo secretario de Defensa, James Mattis, amenazó con que Washington «moderará su compromiso» con la Alianza si los miembros europeos no elevan su gasto militar. «Estados Unidos no puede preocuparse de la seguridad de sus hijos más que lo que ustedes lo hacen», comentó. Y este lunes fue el propio presidente el que anunció la intención de aumentar el presupuesto de defensa de su país en 54.000 millones de dólares (un 9,27%), el mayor desde los atentados del 11-S, en 2001.

En la última reunión, los países integrantes de la OTAN reaccionaron, confirmando su compromiso de situar el gasto nacional en esta materia, antes de 2024, por encima del 2% del PIB. La ministra española de Defensa, Dolores de Cospedal, respondió: «Cumpliremos, como siempre ha dicho el presidente del Gobierno». Pero, ¿cuántos miles de millones tendría que incrementar España su presupuesto militar para cumplir con ese objetivo? ¿Qué lugar ocupa ahora con respecto al resto de potencias mundiales?

Según las cifras oficiales de la OTAN, España gastó 11.064 millones de dólares en 2016. Esta cifra representa un 0,91% de su PIB, un porcentaje muy alejado de dicha promesa. Para alcanzarlo tendría que invertir 24.316 millones, es decir, duplicar su presupuesto con unos 13.000 millones de dólares más.

No podemos olvidar que únicamente superan ese 2% del PIB cuatro países de la Alianza: Estado Unidos (3,61%), Grecia (2,38%), Reino Unido (2,21%) y Estonia (2,16%). Polonia se encuentra justo en ese umbral y el resto de miembros de la OTAN está por debajo. España ocupa el puesto número 25 del ránking, teniendo solo peor registro –además de Islandia, que oficialmente no tiene gastos de Defensa– Bélgica (1.252 millones, un 0,85% de su PIB) y Luxemburgo (253 millones, un 0,44%).

A su posición entre las potencias mundiales y de la OTAN no parezca indicarlo, lo cierto es que España lleva incrementando su presupuesto en Defensa durante los últimos cuatro años, desde los aproximadamente 10.000 millones de dólares de 2013 hasta la cifra actual, que solo supone un 1,2% del presupuesto total de la Alianza. Alemania también lleva un aumentándolo cuatrienio, desde los 36.495 millones de dólares de 2013, según los datos facilitados por la OTAN, hasta los 40.663 del año pasado. Una cantidad insuficiente para Trump, que en el caso de los germanos solo supone 1,19% de su PIB y un 4,4% del presupuesto de la OTAN.

Si atendemos a los dólares por habitante que emplea España en presupuesto militar, su posición dentro de la Alianza es algo mejor. Con 285, ocuparía el puesto número 16, inmediatamente después de Italia (380 dólares), Portugal (309) y Polonia (297). En la cúspide se encontraría, obviamente, Estados Unidos, con 1.876 dólares por habitante, al que le seguiría Noruega (1.398), Reino Unido (913), Francia (747) y Dinamarca (688).

Más allá de la órbita de la OTAN, Estados Unidos también es el rey absoluto en lo que respecta a gastos militares. Según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), de Londres, en la última edición de su informe «The Military Balance» (El equilibrio militar), el país presidido por Trump gastó el año pasado 604.000 millones de dólares, cuadruplicando a China, que se encuentra en la segunda posición. Se trata de una cifra inimaginable para cualquier otra país en la actualidad, que emplea, entre otras cosas, en mantener a 1,3 millones de soldados, 750.000 civiles empleados por el Departamento de Defensa y más de 800.000 soldados de la Guardia Nacional, entre los que hay unidades de tierra que han combatido en Irak y Afganistán y pilotos que están bombardeando al Estado Islámico.

A estos habrá que sumar, de aprobarse, los 54.000 millones de dólares anunciados por Trump, que ya advirtió a comienzos del mes pasado que los «terroristas radicales islámicos están decididos a atacar» a su país y que, «para lograr la seguridad de todos los estadounidenses», su Gobierno tendría que realizar «una histórica inversión financiera en las Fuerzas Armadas». Esta cantidad equivale a 14 portaaviones, 240 aviones de transporte C-17 o 14.600 tanques T-14 Armata.

En su segunda posición, China invirtió 145.000 millones de dólares de su presupuesto en Defensa el año pasado. Otra cantidad considerable si tenemos en cuenta que casi triplica a los 58.900 millones gastados por Rusia, en el tercer puesto, y los 56.900 de Arabia Saudí, en el cuarto. Si tenemos en cuenta que Gran Bretaña ocupa el siguiente lugar con 52.000 millones de dólares (60.347 según los datos de la OTAN), de los cinco primeros lugares de esta clasificación del IISS, solo dos pertenecen a la Alianza.

Y si ampliamos hasta los 15 primeros, el número de países de la Alianza son cinco. España ni siquiera aparece entre ellos. Del sexto al quinceavo lugar se encuentra la India (51.100 millones de dólares), Japón (47.300), Francia (47.200), Alemania (38.300), Corea del Sur (33.800), Australia (24.200), Brasil (23.500), Italia (22.300), Israel (19.000) e Irak (18.100). Los datos de la Alianza varían levemente en los que respecta a sus miembros que aparecen en esta última clasificación, pero no lo suficiente como para alterar las posiciones.

España creció un 3,2% en 2016

La economía española creció un 3,2% el año 2016, gracias al consumo y la inversión, que mostraron aumentos anuales del 2,6% y del 3,1%, respectivamente, según la Contabilidad Nacional Trimestral publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Es el tercer año consecutivo en el que aumenta el PIB nacional y el segundo consecutivo en el que el crecimiento se sitúa en el 3,2%. A precios corrientes, el PIB alcanzó los 1.113.851 millones de euros en 2016, lo que supone un aumento del 3,6% en términos nominales. La demanda nacional aportó 2,8 puntos al crecimiento del PIB en 2016, en tanto que la demanda externa contribuyó con medio punto, con las exportaciones creciendo a un ritmo del 4,4% y las importaciones, a una tasa anual del 3,3%.

Dentro de la partida de consumo, tanto el de los hogares como el de las instituciones sin fines de lucro se incrementó un 3,2% en 2016, por encima del gasto en consumo de las administraciones públicas (+0,8%). La inversión en construcción subió un 1,9% el año pasado, en tanto que la de bienes de equipo se disparó un 5%.





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La economía española crece un 3,2% en 2016 y encadena tres años al alza

La economía española creció un 3,2% en 2016 y sumó tres años al alza, tal y como ha avanzado este lunes el INE. Así, el Producto Interior Bruto (PIB) registró una variación del 0,7% en el cuarto trimestre de 2016 respecto al trimestre precedente. La tasa de crecimiento trimestral fue idéntica a la del trimestre anterior, al tiempo que la registrada en el conjunto del año también fue la misma que la contabilizada en 2015 (3,2%) y se quedó una décima por debajo del 3,3% previsto por el Gobierno.

La directora de la oficina económica de Moncloa, Eva Valle, avanzó el pasado 10 de enero que la economía española creció el 3,3% en 2016, una décima más de lo oficialmente previsto en el último cuadro macro del Gobierno (3,2%)

El crecimiento del 0,7% intertrimestral es el mismo que el experimentado en el tercer trimestre de 2016 y con él se acumulan ya trece trimestres de avances. En los dos primeros trimestres del año pasado la economía española creció un 0,8%, mientras que en la segunda mitad del ejercicio lo hizo a un ritmo más lento.

El crecimiento en volumen del PIB en el conjunto del año 2016 se estima en un 3,2% #economía#INEpic.twitter.com/22i6jtXAzt

— INE España (@es_INE) 30 de enero de 2017
El dato avanzado por el INE coincide con las últimas previsiones de crecimiento calculadas por el Banco de España. La entidad elevó el pasado diciembre la tasa de crecimiento en una décima, hasta el 3,2%. También subió en dos décimas, hasta el 2,5%, el PIB previsto para este año 2017.

El crecimiento del año pasado se debe, en basa al último boletín del Banco de España a la prolongación del «intenso proceso» de generación de empleo y de la persistencia de unas condiciones financieras favorables.

A ello también habría contribuido la inversión empresarial que ha recobrado un mayor dinamismo y la reactivación de la construcción, si bien, la aportación del sector exterior sería aún muy limitada, aunque aumentaría el comercio con el resto del mundo.

La entidad destacaba también que la incertidumbre acerca del rumbo de las políticas económicas se había empezado a aminorar con la constitución del nuevo Gobierno, sobre todo en el terreno fiscal tras la aprobación del decreto ley que reforma el impuesto de sociedades, sube los tributos sobre el alcohol y el tabaco e incrementa las bases máximas de cotización.

Desaceleración en 2017
La entidad central prevé una desaceleración del crecimiento en 2017 debido al aumento de los precios del petróleo y al «abandono de la política fiscal» expansiva de los últimos dos ejercicios. El crecimiento de la economía se va a seguir sustentando en el consumo interno, mientras que la contribución de la demanda exterior continuará siendo positiva pero decreciente a lo largo del periodo de proyección.

De confirmarse estos datos el próximo 2 de marzo, la tasa interanual de crecimiento del PIB en el cuarto trimestre de 2016 se habría situado en el 3%, dos décimas menos que en el trimestre precedente.


La economía española creció un 3,2% en 2016, igualando el alza experimentada en 2015, tras avanzar un 0,7% en el cuarto trimestre, lo mismo que en el trimestre anterior, según el avance de datos de la Contabilidad Nacional Trimestral publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Esta tasa del 3,2% coincide con la estimación realizada por el Banco de España y con las previsiones oficiales del Gobierno, aunque la Oficina Económica de Presidencia estimó hace un par de semanas que el crecimiento económico de 2016 podría haber alcanzado el 3,3%.

Estos datos del INE son aún provisionales y se conocerán a nivel desagregado el próximo 2 de marzo.

El crecimiento del 0,7% intertrimestral es el mismo que el experimentado en el tercer trimestre de 2016 y con él se acumulan ya trece trimestres de avances. En los dos primeros trimestres del año pasado la economía española creció un 0,8%, mientras que en la segunda mitad del ejercicio lo hizo a un ritmo trimestral del 0,7%.

La tasa interanual, por su parte, se situó en el 3% en el cuarto trimestre de 2016, dos décimas menos que en el trimestre anterior (3,2%). La tasa interanual acumula ya doce trimestres en positivo.

Banco de España: "Un ritmo de avance elevado"

El dato trimestral del PIB adelantado por Estadística para el cuarto trimestre del año pasado coincide con el estimado por el Banco de España en su boletín del pasado mes de diciembre, en el que destacaba que la economía española siguió mostrando en los tres últimos meses del ejercicio 2016 un "ritmo de avance elevado".

En concreto, según el organismo, la prolongación del intenso proceso de generación de empleo y la persistencia de condiciones financieras favorables sostuvieron el gasto de los hogares en bienes y servicios de consumo a un ritmo similar al del trimestre anterior.

Asimismo, el Banco de España señalaba que la inversión de las sociedades no financieras recobró un mayor dinamismo en la recta final del año, tras la pauta de cierta desaceleración observada en el tercer trimestre.

Según la institución que gobierna Luis María Linde, las incertidumbres acerca del rumbo de las políticas económicas en España han tendido a aminorarse con la constitución del Gobierno, "tras el dilatado período de interinidad que abarcó la mayor parte del año".

No obstante, considera que siguen subsistiendo incertidumbres en el ámbito de la definición de la agenda de reformas estructurales, necesarias para elevar el ritmo de expansión de la actividad y de creación de empleo de manera duradera.













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