Las pinturas de Sijena

En 1936, el Monasterio de Sijena fue asaltado, saqueado e incendiado por una columna de milicianos anarquistas. Se perdió gran parte de su rico patrimonio; algunas obras fueron destruidas y otras expoliadas. También fueron profanadas las tumbas de los Reyes de Aragón. Parte de sus ricas pinturas murales del siglo XIII perecieron con el incendio, y las que se salvaron fueron arrancadas de sus muros para su conservación y trasladadas a Barcelona durante la guerra. En 1961, las pinturas que quedaban aún en el monasterio también fueron arrancadas y trasladadas a Barcelona.

Desde hace décadas estas importantes pinturas forman parte de las colecciones centrales del Museo Nacional de Arte de Cataluña, en cuyo patronato participan la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y, desde el año 2005, el Ministerio de Cultura. Mientras, Aragón lleva años peleando para que todas las piezas que se conservan en Cataluña sean devueltas y puedan regresar a su lugar de origen, este antiguo cenobio que, además, a lo largo de los años ha sido objeto de costosas obras de restauración sufragadas por el Ejecutivo regional.

Hoy arranca el juicio para reclamar la devolución de las pinturas murales del Monasterio de Sijena. Desde Aragón mantienen que la Generalitat catalana no puede acreditar documentalmente la propiedad de las pinturas murales de Sijena, uno de los conjuntos pictóricos románicos más importantes del mundo. De hecho, son consideradas por los expertos como una auténtica joya del arte mural europeo.

Un informe pericial elaborado por el historiador Juan José Nieto a instancias del Ayuntamiento de Villanueva de Sigena asegura que las pinturas fueron extraídas de los muros por José Gudiol y depositadas en dependencias de la Generalitat. Nieto argumenta, a tenor de los documentos recabados, que la extracción de los murales fue «ilegal». Uno de los documentos aportados desde Aragón es una carta remitida en septiembre de 1943 por el entonces director general de Bellas Artes, el Marqués de Lozoya, al delegado del museo catalán, Xavier de Salas, en la que se precisa que las pinturas no pueden ser expuestas en el museo catalán ya que su destino «es el sitio de donde procedían». Otro de los documentos es una resolución firmada en Madrid el 19 de junio de 1961 por el director general de Bellas Artes, Francisco Iñíguez, en la que autoriza el arrancado de las pinturas murales que aún quedaban en zonas sin protección del monasterio pero en la que advierte en que «deben» quedar depositadas en museos de Huesca o de Zaragoza.

Ahora será los juzgados los que tengan la última palabra. Será la segunda vez que Aragón y Cataluña acudan a los tribunales por el patrimonio expoliado del Monasterio de Sijena. El primer caso está relacionado con un centenar de piezas del cenobio que fueron compradas por la Generalitat sin que el Gobierno aragonés tuviera constancia de ello. Se trata de 97 obras que también atesora el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Una valiosa colección que adquirió la Generalitat en tres tandas, en los años 1983, 1992 y 1994. La compró a las monjas del monasterio y no lo comunicaron ni al Estado —que en 1983 era competente al respecto— ni al Gobierno aragonés, que en 1993 y 1994 tenía ya asumidas las competencias en materia de patrimonio cultural. La primera sentencia ha condenado a la Generalitat por adquisición ilegal.

Este no es el único litigio que mantienen Aragón y Cataluña en materia de patrimonio. Al del Monasterio de Sijena se suma el de los conocidos como «bienes de la Franja», 110 piezas de arte sacro de parroquias aragonesas pertenecientes a la Diócesis de Barbastro, más otro por dos obras de arte de Peralta de Alcofea y Berbegal que también están en manos de Cataluña. Este conflicto se remonta a 1995, cuando el Vaticano reordenó los límites diocesanos y reintegró al Obispado oscense de Barbastro-Monzón parroquias aragonesas hasta entonces incluidas en la Diócesis de Lérida. Regresaron las parroquias, pero no su arte, que quedó retenido en el Museo Diocesano de Lérida. El caso se resolvió en la jurisdicción eclesiástica diez años después: dio la razón a Aragón en 2005 con una sentencia firme de plena eficacia en el ordenamiento jurídico español. Sin embargo, la Generalitat decidió catalogar estas 110 piezas de arte como parte del patrimonio cultural catalán. El Tribunal Supremo, el pasado junio, sentenció en firme que aquella catalogación no tiene validez. Pero sigue sin cumplirse el fallo.