En agosto de 2008 Juan Carlos I recibe 65 millones de euros de Arabia Saudí. Tiempo después recibe 1,4 millones del rey de Bahrein. En el acta de la fundación Lucum, con sede en Panamá y titular de la cuenta suiza que albergaba el dinero, se establece como donación. Aparentemente, no tiene sentido que los constructores pagasen al Rey por sus gestiones, pero...
El 10 de septiembre de 2010 el consorcio español paga al príncipe Abdulaziz bin Mishal 120 millones de euros. Mishal era el dueño del grupo Al-Shoula, una empresa que tenía el 7% del consorcio hispano saudí del AVE.
El 18 de mayo de 2011 hay un pago de 95,78 millones en un contrato de consultoría con Shahpari Zanganeh, comisionada como "persona de confianza" de Juan Carlos I en Arabia. ¿El dinero está de vuelta y con intereses?
Los saudíes llevaban tiempo hablando de la obra antes de 2011. Por eso la Fiscalía suiza y la española sospecharán después que pudo tener relación con el contrato del AVE. En esos años, Juan Carlos ayudó a blanquear el régimen saudí con la distinción del toisón de oro, la mayor que otorga la Corona, o el apoyo a un centro interreligioso en Viena, pero toda esa parte no puede ser investigada.
En 2011 se adjudica la obra del AVE Medina-La Meca.
Desde agosto de 2008 hasta junio de 2012 don Juan Carlos ha estado sacando cantidades mensuales o bimensuales, para gastos personales de la familia real, por un total aproximado de 3,5 millones de euros.
En 2012 Juan Carlos I transfiere los aproximadamente 63 millones restantes de Lucum a una cuenta de Corinna Larsen en Bahamas; ella ha declarado que fue una donación. Si Arabia da un regalo a Juan Carlos y no era una comisión por gestiones y luego éste a su vez lo dona a Corinna no parece que haya reproche penal, al menos en España.
En junio de 2014 Juan Carlos abdica. Hasta ese momento es inviolable, al menos en España. La inviolabilidad durante los años en que pudo cobrar comisiones impide demostrar el origen ilícito de los fondos y, por lo tanto, el blanqueo. El blanqueo, además, tiene una prescripción de 10 años.
Los letrados del Congreso entienden que la inviolabilidad se extiende después de dejar el trono pero la Fiscalía no lo ha interpretado así de momento. Lo más que puede haber es un problema fiscal, infracción o delito, e investigar si declaró o hizo inversiones después de 2014. Si Juan Carlos I eludió en sus declaraciones de la renta declarar cantidades superiores a 120.000 euros en un año habría delito. Estaba obligado a declarar las propiedades en el extranjero y sus rendimientos. Lo más atacable es el delito fiscal de 2014, porque, tras abdicar, el Rey mantenía contacto con Corinna y se puede entender que seguía disfrutando del dinero o de las propiedades, como los apartamentos suizos que ella adquirió con los 65 millones.
A principios de 2015 se pone fin a la relación, ya deteriorada, tras hacer unos vuelos juntos pagados Álvaro de Orleans.
El 30 de junio de 2015 se comete el delito fiscal de 2014, si lo hubo, pues que es cuando se ha de presentar la declaración de la renta del año anterior.
En 2018 la Fiscalía suiza inicia una investigación. Una investigación del fiscal no interrumpe la prescripción; sólo lo hace una querella o denuncia admitida a trámite. Durante el estado de alarma se han suspendido plazos procesales, pero los juristas han interpretado que eso no afecta al de prescripción de delitos.
El 30 de junio de 2020 prescribe el delito fiscal de 2014, el que pudo cometer don Juan Carlos el año de su abdicación, pues los delitos fiscales prescriben a los cinco años.
El 1 de julio de 2020 la Fiscalía suiza remite a la española la documentación sobre la investigación.
La Fiscalía puede ahora investigar a don Juan Carlos por delitos fiscales de 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. Son años en los que la relación con Corinna estaba rota. La causa nace tocada.
.
